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Investigan a un mando del Seprona por extorsión a empresas de Málaga. - CRIMINALISTAS Una mañana de 2009, un guardia civil llegó a su puesto en la unidad del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Málaga para encontrarse con una denuncia que llevaba esperándole un par de horas. El documento daba cuenta de las quejas de empresarios dedicados al sector del tratamiento de gases de refrigeración. «Nuestros clientes –dice uno de los párrafos del escrito– nos han comunicado que les llama un señor de la empresa EMMA que les informa de que deben de formalizar un contrato con ellos para la recogida de gases usados y de que, de no hacerlo, pueden recibir la visita del Seprona, con la correspondiente sanción –la mínima puede rondar los 6.000 euros–». Y hay más datos peliagudos: «Se les informa también de que deben someterse a una inspección de las instalaciones frigoríficas para obtener un certificado que expide su empresa, examinado por nuestra asesoría y que hasta la presente no es exigible y sí obedece a una estrategia comercial de EMMA, amparada en el desconocimiento colectivo, con el fin de ganar dinero». Certificado que, según fuentes jurídicas consultadas por este periódico, «con la legislación vigente sobre la materia en la mano, no es demandable», corroboran. Además, según advierten los denunciantes de los hechos, la persona que realiza las «extorsionadoras» llamadas «es un miembro del propio Seprona, que se desplaza por las tardes para realizar su ‘trabajo’ en EMMA y que lo colocó el jefe del Seprona en Málaga –teniente–, dada la ‘relación’ de amistad que existe entre éste y el gerente de la sociedad». De hecho, fuentes próximas a la unidad han confirmado a LA RAZÓN que el agente se desplaza por las tardes hasta las dependencias del citado negocio para «crear una base de datos y llamar a posibles clientes: talleres, desguaces..., para que éstos formalicen un contrato de retirada de gases o compren una máquina recuperadora de residuos...». Un hecho que supondría la violación del Real Decreto 517/1986, de 21 de febrero, de Incompatibilidades del Personal Militar. Pero podría darse otra ilegalidad más grave relacionada con los listados de empresas de la provincia malagueña, a los que ha accedido este diario y en los que aparecen señalados en negrita las empresas que, supuestamente, son suceptibles de ser inspeccionadas por los guardias ante su «negativa actitud». De hecho, ya se puso de manifiesto en la queja primigenia: «El gerente de EMMA –alertaban los empresarios– se los ha entregado al teniente para que inspeccione a las personas que se han negado a realizar contratos con la mencionada empresa, cuestión ésta de gravedad por cuanto afecta a la Ley de Protección de Datos». Es más, distintas fuentes ratificaron que esas relaciones de nombres, que incluyen la dirección, la actividad, el teléfono, el código postal y la ubicación de negocios de distintos sectores, han sido «manejados» por efectivos del Seprona. Desvelaron también que un guardia se negó, semanas después de aquella primera mañana y ante órdenes superiores, a visitar a las entidades que, aún bajo la sombra de la inspección, no habían accedido a la relación contractual con EMMA. A pesar de las «presiones», el agente se opuso además a denunciar formalmente a las industrias que carecen del cuestionable certificado. Su argumento: que la acreditación mediante contrato de mantenimiento con una empresa reponedora certificada cumple con exceso lo exigido por la legislación, por lo que no existe base legal para denunciar. Existen varios testigos de esas negativas y de ellas han sido informadas las escalas superiores. Fuente: La Razon
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