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  Reforma del Código Penal -  LEGISLACION

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, avanzó que el proyecto para la reforma del Código Penal que el Gobierno pretende enviar al Congreso de los Diputados “al inicio del próximo periodo de sesiones”, que comienza en septiembre, tipificará “por primera vez” los delitos de corrupción entre particulares.

“Hasta ahora la corrupción sólo se ve entre funcionarios públicos o servidores públicos y particulares. Sin embargo, se van a admitir también y regular por primera vez las fórmulas de corrupción entre particulares”, explica Caamaño en una entrevista concedida a Europa Press, en la que añade que la reforma incluirá también “aspectos muy novedosos” como la tipificación de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas.

El anteproyecto de ley, que fue aprobado por el Consejo de Ministros en noviembre pasado, contempla penas de seis meses a cuatro años de cárcel para los directivos o empleados de empresas privadas que ofrezcan o acepten sobornos. El tipo penal, equiparable al que castiga el cohecho para los funcionarios públicos, pretende garantizar “la competencia justa y honesta entre empresas y evitar actos de corrupción entre los administradores de distintas empresas”.

De esta forma, según explica Caamaño, el nuevo Código Penal perseguirá, además de las fórmulas de corrupción entre particulares, “las negociaciones económicas con daño, por ejemplo, para accionistas o con informaciones en contra de la licitud de las empresas a las que uno pertenece y ante las que tiene cabalmente que responder”.

El Gobierno responde así a una recomendación de la Unión Europea. El último informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), que depende del Consejo de Europa reclamaba que España sancionara de forma más dura la corrupción y el tráfico de influencias –ver EXPANSIÓN del 29 de mayo–.

Además, consideraba una “laguna grave” el hecho de que la corrupción en el sector privado no sea una infracción penal, ya que las funciones públicas y privadas “son cada vez más interdependientes”. Además, el documento estimaba que este tipo de corrupción puede “causar un daño significativo a la sociedad”.




Fuente:
Expansión



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