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  Seguridad de la empresa, seguridad del Estado. -  DETECTIVES PRIVADOS

Quienes están acostumbrados a la gestión de la seguridad en la empresa, saben lo que significa referirse a la protección de sus activos. No están solos, aunque haya quien llegue a pensarlo en algún momento. En la preocupación por salvaguardar la seguridad de las personas, de los bienes tangibles e intangibles como las instalaciones, sus contenidos o los procesos y la imagen, los gerentes comparten su preocupación con la dirección y con los accionistas.

La seguridad forma parte de ese abanico de “cosas” de las que nos acordamos cuando las perdemos. Mientras, hasta que llega ese momento fatídico del escape de una oportunidad de negocio, del robo de mercancía valiosa, del chantaje a un alto directivo, de la fuga de información comprometedora a través de una red social por el descuido de un empleado o de resultas del ataque de un hacker… mientras, decimos, vivimos como si no pasara nada y no hiciera falta que nos gastásemos un céntimo en seguridad. Pero cuando echamos en falta la seguridad, es tarde. Que cualquiera piense en la empresa que quiera, sin importarle su tamaño, el EBITDA o la complejidad organizativa.

Una compañía protege sus activos. Decir que las personas son el más importante de ellos, no es un tópico vacío de contenido, útil tan sólo en discursos, en documentos internos o en la socarronería social de los empleados. El personal lo es todo. Sin él, no hay negocio. Ni nada.

Ocurre algo similar en el juego internacional, donde los Estados mueven ficha en la promoción de sus intereses. El Estado no deja de ser un gran holding. Ahí está su articulación administrativa, territorial y de poder. Tiene sus accionistas –llamémonos ciudadanos o contribuyentes, no es el caso- y sus órganos: unos gobiernan y dirigen, otros ejecutan, y otros se dedican a la auditoría y a la supervisión de que la actividad se desarrolla como es debido. El gran beneficio que busca el Estado es el bienestar individual y colectivo, y a tal fin trabaja, con más o menos acierto, de forma activa y pasiva. Desde el punto de vista de la seguridad, es obvio que el Estado protege sus activos: las personas, las infraestructuras, el tejido empresarial, la imagen, la maquinaria de gobierno y de administración, las regulaciones internas y aquellas con las que mercadea en el mundo con otros Estados…

De entre todos esos activos del Estado, detengámonos en uno muy particular. Se trata de un activo soporte de otros, que contribuye al desarrollo, a la participación, a la estabilidad y desde luego, en su ámbito, a la seguridad común. Nos referimos a un activo tan privado como la persona: la empresa. Y recordemos una de sus más notables características: es un contribuyente muy importante. La empresa obtiene sus beneficios, desde luego, porque es su razón de ser, pero con sus impuestos participa en la comunidad de una forma destacada y vital para la supervivencia del Estado. De algún modo, y sin pretender primar ni categorizar de ningún modo al colectivo sobre el individuo, la empresa es un súper-contribuyente y, en términos menos sajones y más próximos a nuestra mentalidad, un súper-ciudadano. Y por tanto, un activo del máximo interés para el Estado.

Así es, y como tal es y debe ser tratado por el Estado.

La empresa goza de diversos apoyos por parte del Estado. Muchos organismos de la Administración promueven la actividad empresarial en España. También se encargan de promocionar los intereses españoles más allá de nuestras fronteras. En cualquier caso, hablamos de intereses españoles. Es decir, de los intereses del Estado como tal–entendamos los que defiende el gobierno de turno- y los intereses de nuestras empresas. Natural. Queda claro que el súper-contribuyente-ciudadano llamado empresa tiene sus propios intereses, pero al mismo tiempo aporta su contribución al entramado común. Ambos espacios tienen vida propia, pero también una gran interdependencia.

Así que digamos que el Estado es proactivo –no entraré en cuánto- en la defensa de sus intereses en el interior y en el exterior, y que lo es también en la promoción de los intereses del activo tan singular llamado empresa. Pero… ¿qué ocurre en el terreno de la seguridad?

La seguridad que presta el Estado a este súper-activo llamado empresa española es mejorable. No estamos invocando al proteccionismo del “consuma productos nacionales”. Tampoco estamos pidiendo la invasión de lo público en lo privado. No se trata de eso. La seguridad es un bien al que cada cual contribuye, con complementariedad, aceptando, claro está, la preeminencia de las prerrogativas del Estado en esta materia. A la seguridad general contribuimos todos, pero el Estado más que nadie. Por ley. Las medidas de autoprotección existen para las personas, como existen para las empresas. Pero hay un límite a partir del cual la iniciativa personal o empresarial no alcanza o no debe ni siquiera intentarlo. Es cuando el Estado aparece para ofrecer ese marco superior de seguridad. Para el individuo y para la empresa. No se trata tan sólo de que el Estado actúe a partir del límite que la empresa no alcanza por sí sola, que también, sino de que la acompañe en su andadura normal y, por descontado, en situaciones excepcionales. Se trata de ayudar a las empresas que funcionan para que lo hagan mejor y no dejen de hacerlo.

Un Estado realmente comprometido con el apoyo al tejido empresarial español, no sólo debe poner en escena a sus grandes departamentos comerciales y de marketing, sino también a su departamento de seguridad en su sentido amplio y global. Las compañías españolas esperan del Estado no sólo sus tareas aseguradoras más conocidas, como las policiales y las militares dentro y fuera de nuestras fronteras, sino otras tan tradicionales como discretas que combinan la diplomacia con la inteligencia. En especial, lo esperan todas las grandes corporaciones españolas “implicadas en misiones internacionales”. Que son numerosas y muy importantes. Unas veces, nuestras grandes empresas operarán en zonas en las que existe una gran base común histórica o cultural.

En esos espacios y mundos naturales tanto los individuos como las empresas y los propios Estados se desenvuelven con la familiaridad que brinda la Historia y el conocimiento mutuo, y las afinidades y los recelos se gestionan de un modo más amigable. Así ocurre en el caso de España con América Latina. Estas líneas no son lugar donde mencionar la esencialidad del espacio latinoamericano para todos nosotros y su carácter de gran casa común de 700 millones de personas. También con Europa y el Mediterráneo, en cada caso con sus matices, los españoles compartimos mucho. Todo, a pesar de los avatares políticos internos, en ocasiones cargados con tantas sorpresas como la realidad internacional. En estos espacios, a nuestro Estado no le debería resultar complicado ser proactivo en el terreno de la seguridad. Por supuesto, hablamos de una proactividad cooperativa, participativa, lejos de cualquier intrusismo o colonialismo. En otras zonas del mundo, sin embargo, lo español vivirá y trabajará con mayores dificultades, casi como en otro planeta.

En todo caso, esté donde esté la empresa española, el Estado tiene un llamamiento a prestar apoyos anticipativos de seguridad, no sólo in extremis y a toro pasado, con el máximo respeto a la no injerencia en la competencia privada. Los secuestros exprés y menos exprés en América Latina y los ataques piratas en el Océano Índico son buenos indicadores. La obligada actuación concertada entre socios y aliados no resta un ápice de responsabilidad en esta materia a ningún Estado; el español no es una excepción.

¿Qué necesitan del Estado las grandes compañías, sobre todo las privadas, en materia de seguridad entendida en su sentido más amplio? Un apoyo más sistemático, habitual, completamente normal. Y, por descontado, puntual en situaciones excepcionales. Y que responda a iniciativa del Estado y también a petición de la empresa. Uno de los mejores apoyos a prestar por el Estado a sus empresas antes y durante sus operaciones en el exterior es el de la seguridad y la inteligencia.

Para la empresa y para el Estado son cuestiones del ahora y de todo plazo. Sobre todo, teniendo en cuenta que el futuro llega siempre demasiado rápido.

Cuando se habla de seguridad y de inteligencia en materia económica y empresarial, se tiende a enfocar el discurso desde la perspectiva del Estado. Asi, se habla de sumar las capacidades de las compañías a las del aparato del Estado en beneficio de la seguridad económica de toda la sociedad. Es correcto. Las compañías pueden y deben colaborar con el Estado. Pero es una visión incompleta y sesgada. También es exigible la colaboración inversa. Las grandes corporaciones, los súper-contribuyentes-ciudadanos, esperan la colaboración del Estado. Al fin y al cabo, en justa correspondencia; el beneficio de todos y cada uno contribuye al del resto. No es objeto de estas líneas entrar en los academicismos y tecnicismos que distinguen la inteligencia económica, a cargo del Estado, de la empresarial o competitiva, desarrollada por las compañías. Pero sí subrayar la conveniencia de buscar mayor sinergia Estado y empresas, y que cooperen con normalidad para obtener los retornos necesarios.

Recurramos a la crisis actual para poner de relieve que si, además de la que está cayendo, se diera una eventual alteración de las circunstancias ambientales de operación de las grandes compañías españolas derivada de, por ejemplo, circunstancias políticas, se generarían escenarios de alto riesgo no sólo para esas empresas, sino para todo su entorno social inmediato y, sin duda, para el bienestar colectivo de todo el país.

Quedan muchos interrogantes en el aire, que deben ser planteados y resueltos en muy buena medida por el propio Estado. Las grandes corporaciones españolas que se han venido posicionando con acierto durante años en el mundo han sabido aplicarse sus manuales de autoprotección de negocio. Han hecho su parte. Al Estado le toca definir su modelo, su sistema y su procedimiento para contribuir a la seguridad de su gran activo llamado tejido empresarial, con respeto a la libre competencia individual. Es obvio que la seguridad es cuestión primordial del Estado; la propia Constitución es una buena referencia. Y es público el interés de las autoridades españolas y comunitarias por que la inteligencia económica sea una actividad útil para los operadores económicos. La gestión global de la seguridad, máxime en tiempos de incertidumbre, exige la gestión del conocimiento. No debemos hacer un chiste de todo esto, pero imaginemos una viñeta en la que una gran empresa española, recién satisfecho el pago de todos sus impuestos y rodeada de riesgos que superasen su propia capacidad de gestión, se encontrase cara a cara con el Estado y le espetase: “¿qué hay de lo mío?”




Fuente:
José Luis Hernangómez






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